Democracia para Pocos

La lucha contra la dictadura se articuló detrás del concepto de democracia. Recuperar la democracia permitió agrupar, detrás de ese nombre, a estudiantes secundarios, superiores, sin casa, militantes de la izquierda e incluso de partidos que inicialmente apoyaron el golpe de estado. Democracia fue un concepto que permitió articular una serie de luchas particulares que tenían en común una sola cosa: la causa de su negación, el enemigo en común.

Pues bien, más allá de las legítimas y justificadas críticas a la forma en que se entendió por recuperada la democracia, lo interesante es analizar – o más bien, proponer un análisis – lo que ocurrió inmediatamente después con la democracia como concepto articulador.

Había un consenso: en Chile no había democracia. Pero una vez recuperada, surgen preguntas que, a nuestro juicio, aún no tienen respuestas: ¿Cuál era la democracia prometida? ¿Cuáles eran las expresiones políticas y sociales que debían darse en Chile para que entendiéramos que había democracia?

En el primer programa de Gobierno de la Concertación, aparecen una serie de ideas y propuestas destinadas a la recuperación de la democracia, asumiendo en ese momento que la democracia  –entonces- iba más allá de la elección de representantes.

Así, se instala (para ganar la elección presidencial) la necesidad de una Asamblea Constituyente, de eliminar el sistema binominal, las Isapres y AFP, recuperar el poder de negociación colectiva de los sindicatos, etc.

Sin embargo, ninguno de esos elementos, que en el discurso con el cual la Concertación pretende llegar al poder aparecen como necesarios para la existencia de la democracia, se concretaron; ninguna de esas demandas democráticas fue satisfecha por quienes llegaron al poder político.

A cambio de ello, nos entregaron un sucedáneo: la transición democrática, un eufemismo tras el cual se ocultó algo mucho menos esperanzador: acceder al poder político a cambio de no transformar las instituciones establecidas por la derecha en la constitución del 80; es decir: llegar al poder con una retórica que era democracia, donde democracia significaba cada una de las cosas antes nombradas (nueva constitución, asamblea constituyente, fin de las isapres y afp, etc), pero con la condición de no ser democracia (esto es, no asamblea constituyente, no nueva constitución, no fin a isapres y afp).

Lo anterior fue generando rápidamente un desplazamiento en lo que el significante democracia significaba para quienes accedieron al poder respecto del significado que quienes los apoyaron le atribuyeron inicialmente al mismo significante. Por un lado, aquellos que articularon sus demandas particulares detrás de la demanda democracia empezaron a ver que dichas demandas no eran satisfechas por quienes monopolizaron el uso y abuso del nombre democracia; por otro lado, estos monopolizadores de la democracia comenzaron a resignificarla: democracia poco a poco comenzó a platearse simplemente como la existencia de la posibilidad de elegir representantes.

Lagos terminó por resignificar la democracia cuando muestra fuera y dentro de Chile “la democracia firme y consolidada”; democracia que se basa en los consensos, y donde al  Gobierno le preocupaba antes negociar con la oposición que con sus propias filas.

Democracia es hoy, en el discurso hegemónico, lo que Jaime guzmán siempre quiso que fuera: una forma de elegir representantes en la que se asegure que nada cambiará demasiado.

Cierto, existe un sistema binominal que impone la lógica del consenso en la política; cierto, Pinochet mantuvo hasta muy avanzada la “transición” una fuerza gravitante sobre las fuerzas armadas; cierto, el temor a una retoma del poder por la derecha fue suficiente freno a los deseos reformistas.

Nada de lo anterior se niega, ni se puede culpar a nadie por considerar esos elementos. Lo que queremos poner en evidencia es que la Concertación en vez de evidenciar esto (al estilo “justicia en la medida de lo posible”), optó por instalar una nueva idea de democracia, que calzara con la forma en que ellos estaban administrando el país; decidió aceptar las reglas del juego y renunciar a sus pretensiones iniciales.

Durante los Gobiernos de la Concertación, la participación ciudadana quedo reducida a un par de frases de campaña y a las elecciones de autoridades; no se creó una sola institución durante 20 años que incrementara el poder de participación y decisión de los ciudadanos y ciudadanas en materias de alto interés e impacto.

Y, sin embargo, en los últimos 2 años ha surgido un fenómeno interesante: el plebiscito comunal.

La Constitución del 80 permite, excepcionalmente y con requisitos bastante exigentes, la celebración de consultas a la ciudadanía. Ninguno de los 4 Gobiernos de la Concertación utilizó este mecanismo.

Sí lo han hecho, grupos de vecinos de las comunas más ricas del país, que se han organizado en torno a demandas locales relacionadas con los planos reguladores de sus comunas.

Ha existido, detrás de una motivación patrimonial, un resurgimiento de la organización ciudadana en torno a la demanda de mayor participación, democracia, a fin de cuentas.

Lo interesante de estos plebiscitos comunales que se han desarrollado (Vitacura, Las Condes, y en La Reina se están recopilando firmas) es que finalmente ha quedado en evidencia que la participación ciudadana, el derecho a oponerse a las decisiones de los representantes elegidos, no son derechos garantizados a todos los ciudadanos y ciudadanas, sino que –al igual que los derechos básicos como salud, vivienda y educación- son accesibles sólo para quien pueda pagar por ellos.

Así, la forma de organizarse colectivamente y tener real acceso a manifestarse, en forma vinculante para los representantes elegidos, es pagando, es gastando recursos económicos que el Estado no proporciona para acceder al procedimiento de consulta comunal. La participación ciudadana ha quedado asociada, al igual que otros derechos fundamentales, al poder adquisitivo. No queda más que concluir que en Chile, la democracia es para unos pocos.

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